La Corte Suprema dejó firme la derogación de la Ley de Tierras y se abre la puerta a la venta de campos a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la resolución que mantenía en pie la Ley de Tierras Rurales y, con eso, quedó vigente la derogación que Javier Milei dispuso en diciembre de 2023 con el megadecreto 70/23. En los hechos, caen los límites que regulaban cuánta tierra argentina puede quedar en manos de extranjeros.

Hasta ahora, la norma impedía que los extranjeros fueran dueños de más del 15% de la tierra rural del país y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas más productivas. Con la decisión del tribunal, esos topes dejan de regir.

El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para plantear el caso.

Para el tribunal, la soberanía no es un bien colectivo que cualquier grupo pueda defender en la Justicia, sino una función propia del Estado. Esa fue la clave para rechazar el razonamiento de la Cámara Federal de La Plata, que había entendido que la soberanía nacional sí era un derecho de incidencia colectiva.

La historia judicial tuvo varios giros. En enero de 2024, el juez federal Ernesto Krepak había dictado una cautelar que restablecía la ley. Más tarde, el juez Alberto Recondo rechazó el planteo, pero la Cámara de La Plata volvió a darle valor a la norma, hasta que ahora intervino la Corte.

El tema ya había sido caliente en el terreno político. En agosto de este año, el Gobierno retiró del proyecto que se discutía en el Congreso los artículos sobre venta de tierras, después del rechazo de tres gobernadores aliados y de las protestas bajo la consigna "La Patria no se vende".

Desde el oficialismo, la derogación se defiende como parte de su programa de desregulación: la idea es que menos restricciones faciliten inversiones en el sector agropecuario y en el mercado inmobiliario rural. El Gobierno sostiene que el Estado no debe limitar quién compra tierras.

Del otro lado, sectores de la oposición y organizaciones que defienden la soberanía territorial advierten que los topes protegían un recurso estratégico, como el agua, las tierras productivas y las zonas de frontera. Para ellos, el fallo deja sin resguardo un bien que no se puede reponer.

La reacción en el Congreso no tardó. La oposición busca convocar a una sesión especial para rechazar el DNU 70/23, mientras que el peronismo empuja un proyecto para recuperar las protecciones que se perdieron.

Lo que viene es una discusión de números. Un rechazo del decreto necesita el aval de ambas cámaras, y los votos de los gobernadores aliados, que ya se opusieron en agosto a esta medida, pueden volver a ser decisivos.

Mientras tanto, el fallo no analiza si la derogación es buena o mala, sino si quienes demandaron podían hacerlo. Esa precisión técnica deja abierta la posibilidad de que otros actores con distinta legitimación vuelvan a llevar el tema a tribunales.