Un engaño planificado y Manaos: el drama de una joven que le debe mil millones de pesos al fisco

Wanda Porati tenía apenas 18 años recién cumplidos cuando fue convocada a una entrevista laboral que terminaría marcando el resto de su vida. En el marco de esa entrevista, atravesó una situación de abuso sexual producto de la asimetría de poder entre ella y quien la citaba, sumada a su necesidad de conseguir trabajo. En medio de ese episodio, además, le robaron sus datos fiscales.

Recién un año y medio después se enteró de lo que habían hecho con esa información. Para entonces, Wanda ya había conocido a un joven, habían formado pareja y estaba embarazada. Como corresponde en esa situación, fue a tramitar el subsidio por embarazo en ANSES. Ahí empezó a develarse el problema: el organismo le negó el beneficio porque, según sus registros, ella figuraba inscripta ante AFIP como responsable de IVA y de Ganancias, con montos facturados que no tenían nada que ver con su vida real.

Esa facturación estaba vinculada a Refres Now S.A., la empresa detrás de la marca de gaseosas Manaos, y los números involucrados eran multimillonarios. El mecanismo, según reveló después una investigación fiscal más amplia sobre la compañía, consistía en usar sociedades sin estructura real ni capacidad económica para canalizar ventas que la empresa no quería declarar a su nombre, muchas veces valiéndose de identidades de personas que ni siquiera sabían que estaban involucradas. En el caso de Manaos, el fisco llegó a detectar desvíos e inconsistencias impositivas por más de 900 millones de pesos, y meses atrás la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, la ex AFIP) denunció formalmente al empresario a cargo por una maniobra de evasión que supera los 800 millones de pesos.

Para Wanda, el resultado de haber sido usada como parte de ese entramado sin su conocimiento es hoy una causa judicial abierta en su contra en la Justicia Federal por lavado de activos, y una deuda impositiva que asciende a mil millones de pesos. Lo que en su momento fue apenas una entrevista de trabajo terminó convirtiéndose, años después, en una pelea legal para demostrar que nunca facturó un solo peso de lo que el Estado le reclama.